Perspectiva
Las imágenes de Andrea, salvajemente golpeada, no son para la gente de estómago sensible: los moretones y golpes son evidentes, y en su cara se reflejan tanto la inmensa pena como el dolor por lo que ha vivido. Es imposible no sentirse afectado por lo que vemos en esas fotos; es estremecedor imaginar el martirio al que estuvo sometida por su victimario; es imposible concebir la idea de que quien le causó estas lesiones pudiera salir libre.
Penosamente, no es la primera mujer yucateca que sufre de violencia a manos de su pareja, violencia que en muchos casos ha llegado a causar la muerte de las mujeres, convirtiendo automáticamente el suceso en feminicidio; muchos quisiéramos que fuera el último y que, a partir de este hecho, se cree la jurisprudencia necesaria para castigar severamente a todo aquél que mate o atente contra la vida de una mujer.
En agosto de este mismo año, la Segob decretó como “improcedente” la solicitud de declarar una Alerta de Género en Yucatán porque “se registraron avances por parte del Ejecutivo local en el cumplimiento de las diez recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM)” (http://www.eluniversal.com.mx/estados/declaran-improcedente-alerta-de-genero-en-yucatan). Con los recientes casos que han sucedido (una jovencita de 14 años asesinada y descuartizada por su pareja de tan solo 18 años de edad, mujeres golpeadas violentamente por sus parejas, y ahora el caso de Andrea) queda claro que el ex Gobernador Rolando Zapata y la Legislatura anterior quedaron a debernos mucho como sociedad, amén de las cuentas y gastos que simplemente no cuadran y cuyas descabelladas cifras conocemos un día sí y otro también.
¿De qué sirven nuestros legisladores locales en este caso? Quedará muy claro que no sirven para un carajo si no actúan de manera preventiva y ponen manos a la obra para, ayudados y guiados por las organizaciones y expertos en la materia, analizar los orígenes, los tratamientos, y las penas a las que deben ser sometidos quienes ejerzan la violencia contra las mujeres yucatecas. Entonces, como consecuencia, legislar al respecto y colgarse una inmensa medalla que orgullosamente podrán usar hasta el último de sus días. Deberán todos hacerlo a la brevedad, y con toda la urgencia que el asunto merece.
¿Cómo debiera actuar la justicia, y la Magistrada que está llevando el caso? Con estricto apego a la Ley. ¿Lo malo de lo anterior? Si los legisladores que precedieron a los actuales nunca se tomaron el tiempo de incorporar a la Ley los elementos para aplicar medidas que prevengan la recurrencia de este tipo de delitos, que castiguen ejemplarmente, la Magistrada tendrá que hacer verdaderos malabares para encontrar la jurisprudencia que permita castigar severamente al infractor, asegurándose de que ninguna rendija legaloide pudiera ayudarlo a escapar de las consecuencias de sus viles acciones.
¿Cuál es el rol del Gobernador Vila? Como garante de la tranquilidad de nuestro Estado, él debiera ser el primer interesado en asegurarse de que el castigo al indiciado sea severo, dada la flagrancia y la sevicia con la que actuó el perpetrador con su víctima, incluyendo su resistencia al arresto. ¿Se imaginan si nuestro Gobernador no se encarga personalmente de que así fuera? Prácticamente estaría perdiendo su gubernatura apenas unas semanas después de haberla obtenido. ¿Estará dispuesto a arriesgarlo todo? También es de esperarse que impulse al Poder Legislativo a dejar planchaditas las leyes que habrán de regir todos los casos futuros.
¿Qué nos toca hacer a nosotros, la sociedad? De manera inmediata, asegurarnos de que los tres protagonistas mencionados en los párrafos anteriores cumplan con la encomienda y responsabilidad que tienen y, de no cumplirla, entonces asegurarnos de que gente con mayor capacidad los reemplace en el menor plazo posible. Como acción preventiva, reforzar con nuestros hijos e hijas –sin importar su edad– el respeto que merecen como individuos, asegurándonos de que les quede claro que siempre deben denunciar cualquier violencia que sea ejercida contra ellos, venga de quien venga.
Desde esta perspectiva, ojalá que el sufrimiento de Andrea deje tan honda huella, de manera que impida que esto ocurra nuevamente en nuestro estado y, por qué no, en nuestro país. Lo único que hay que hacer, inicialmente, es exigir que se legisle al respecto, y que se aplique todo el peso de la ley a los infractores, comenzando con el energúmeno que casi la mata. ¿No les parece?
S. Alvarado D.
