Opinión
Dr. Adán W. Echeverría-García
Grábate este término: “lawfare”, guerra jurídica. Es la estrategia que la mayoría de los poderes fácticos en Latinoamérica ha perpetrado para mantener el status quo en el que el poder económico perpetúa sus atrocidades con la finalidad de mantener sus prebendas, debilitando a los presidentes de sus respectivos países elegidos democráticamente.
Los personajes del Poder Judicial son poco conocidos por el pueblo y siempre se han aprovechado de eso: “Eso dice la ley”; “Esa es mi interpretación de la ley”; “Eso es lo que la ley ordena”. Siempre habrá un argumento para derrotar exclusivamente a quien no goza de poder económico.
Las leyes están hechas y han estado hechas exclusivamente para proteger a quienes detentan el poder económico. En México por eso no hay ricos en la cárcel. Las cárceles de México están llenas de pobres que, desde el periodo panista en la presidencia, 2000-2012, se volvieron negocios abiertamente capitalistas. Es decir, hay que tener personas en la cárcel, saturarlas, hacinarlas, con tal de que se siga cobrando, al gobierno y a los familiares de los reclusos, cantidades semanales multiplicadas por miles para que estas funcionen.
Ricos que no pagan impuestos protegidos por los jueces; miles de personas encerradas durante meses, años, décadas, sin recibir sentencias porque los procedimientos se alargan y alargan y alargan, mientras que abogados, actuarios, jueces, siguen cobrando y cobrando.
Lawfare, guerra jurídica, acoso judicial, guerra de leyes, estrategia de andamiaje al infinito para que nada proceda, eso es más o menos lo que la oposición, dirigida por Claudio X. González, con apoyo del dinero de España, Estados Unidos, Canadá, ordena a personajes como Norma Piña, los secuaces de los medios de comunicación, el PRI y el PAN, para que entorpezcan el camino de la ley y la justicia en México.
Amparos improcedentes, decisiones que lo único que buscan es alentar, distraer, entorpecer, sabedores de que es ilegal, de que no hay jurisprudencia, de que no pueden tomar ciertas determinaciones: ¡Qué importa! Lo que se busca es detener los procesos, realizando ultrajes a la nación, pérdidas de tiempo y económicas; atorar el camino de la legalidad, activar una serie de procedimientos, cada uno con un tiempo mínimo para resolver, que de seguirse podría tardar todo el tiempo que los mismos jueces quieran, para que Nunca proceda.
Por eso las decenas de amparos contra el Tren Maya, el AIFA, la Reforma Eléctrica, y ahora contra los cambios constitucionales que trastocan las reglas por años establecidas en el Poder Judicial. No se trata de proteger a nadie, ni de que el gobierno busque lesionar a nadie en sus derechos; lo único que se quiere es entorpecer las acciones detener las actividades y que se lleve a otra sala, a otro tribunal, a otro juez, se vuelva a la anterior sala, y así, concluir en un camino de nunca-jamás.
Es una guerra que, como toda guerra, solo produce pérdidas y enconos. Los integrantes de los altos puestos del Poder Judicial lo saben, pero no se detendrán. Así lo han hecho en otros países, así lo han hecho siempre, así pretenden seguir haciéndolo. Norma Piña ha dado las órdenes para que se declare que la Reforma al Poder Judicial es inconstitucional “porque se violaron los procedimientos”, según su muy particular interpretación, porque ellos son los únicos que tienen el derecho a interpretar la ley como se les dé la gana, y lo harán exclusivamente para seguir protegiendo las inimaginables ganancias económicas a las que tanto ellos como los integrantes del poder económico están acostumbrados.
