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Letras
XXIX
Mundos distintos
21 de febrero de 1999
Con el proyecto nacional de la modernización, el país ha sufrido profundas transformaciones de orden económico, político y social, que han cambiado por completo las estructuras de poder y el equilibrio entre los grupos políticos de presión.
El ejercicio del poder se ha concentrado en las élites de la alta burocracia, los grupos financieros y los propietarios de los medios de producción y comercialización.
La clase media, los trabajadores organizados en sindicatos, los campesinos y los organismos populares de resistencia han perdido fuerza y presencia, pasando de actores a simples espectadores de los cambios radicales que se operan en la Nación.
Estos grandes cambios han borrado principios fundamentales de la vida política de México, producto de la síntesis histórica de los grandes movimientos sociales, surgidos con las guerras de Independencia, de Reforma y de la Revolución social Mexicana, con pérdida de la esencia de los grandes valores cívicos en que se ha sustentado el Estado Mexicano.
Las reformas se han operado de arriba hacia abajo, en detrimento de los intereses populares, que el viejo sistema político había salvaguardado permanentemente, como fin esencial de su proyecto político, que se inspiraba en los principios de la Revolución Mexicana.
Las reglas no escritas del sistema se han violentado. Se ha pasado sobre la historia patria y sobre los principios, con una nueva clase política deslumbrada por el espejismo del sistema capitalista de los países altamente desarrollados e industrializados.
Parece ser que han surgido en México dos países: el que se mira desde las alturas del poder y el que vive el pueblo en la realidad cotidiana.
En este contexto se han realizado las privatizaciones, con su secuela de venta de los bienes y propiedades de la Nación y la intervención y complicidad de los partidos políticos que han otorgado su complacencia o aprobación a esas medidas.
El pueblo se ha quedado huérfano. Sin que nadie lo defienda. Los trabajadores y las amas de casa miran angustiados el vertiginoso aumento de los precios de los artículos de primera necesidad y el costo de los servicios públicos, mientras el monto del salario permanece atado. Los precios se liberan, pero los sueldos no se mueven. Se protege al capital y se condena al trabajador.
Estamos ante dos mundos distintos. Los grandes capitanes del sector privado, dejan escuchar a diario sus opiniones y puntos de vista desde la cúpula de los organismos empresariales, pero no se escuchan las voces de las agrupaciones de trabajadores, del “lumpen proletariat”, razón y motivo del Estado Mexicano.
En su reciente visita a México, el papa Juan Pablo II, en su declaración apostólica denominada “Ecclesia in America”, expresó: “Cada vez más, en muchos países americanos, impera un sistema conocido como ‘neoliberalismo’; sistema que haciendo referencia a una concepción economicista del hombre, considera las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad y del respeto de las personas y los pueblos. Dicho sistema se ha convertido, a veces, en una justificación ideológica de algunas actitudes y modos de obrar en el campo social y político, que causan la marginación de los más débiles. De hecho, los pobres son cada vez más numerosos, víctimas de determinadas políticas y de estructuras frecuentemente injustas.”
De nuestra población estimada en 90 millones de habitantes, aproximadamente 40 millones de mexicanos se encuentran en la pobreza y dentro de éstos, 25 millones se encuentran en la pobreza extrema, o sea en la miseria.
Este es el saldo del cambio de sistema económico y político que hemos experimentado.
Es urgente, por tanto, revisar el proyecto modernizador en marcha, para modificarlo y hacerlo congruente con los intereses populares y con el futuro de la República.
El asunto no es ideológico o dogmático, sino de simple lógica y de sentido común.
Se encuentran en riesgo el país, el Estado, la Nación Mexicana. Quienes no lo miran así, han dejado de latir con el corazón del pueblo.
Precisamente en estos momentos se ha iniciado el debate en torno a la reforma del sector eléctrico, que pretende modificar artículos fundamentales de la Constitución Política. Se ha propuesto realizar un examen abierto y objetivo del tema y pensar, antes que en cualquier otra cosa, en el interés supremo de la Nación. Ese interés nos dicta que debemos conservar y fortalecer los instrumentos para la producción de energía eléctrica, indispensable para la industrialización del país. No debemos renunciar a su nacionalización. Sus instalaciones son patrimonio del pueblo de México, que las construyó con sus impuestos. Es un legado para las futuras generaciones. Esa herencia no se debe vender.
Al respecto, el Lic. José López Portillo, ex-Director de la Comisión Federal de Electricidad, ex-Secretario de Hacienda y Crédito Público y ex-Presidente de la República, en forma analítica, respetuosa y mesurada, ha externado en forma pública su posición al respecto, la cual resumió en pocas palabras:
“Estimo, como conclusión, que antes que desaparezca como patrimonio del Estado el sector eléctrico, hay que plantear el problema sin dogmas y objetivamente, pues puede haber soluciones, ya sean alternativas o mixtas.”
Antes que nada, se debe promover una consulta nacional. Pedirle su opinión al pueblo. No tenerle temor. Su nobleza y generosidad están por encima de cualquier prueba.
El pueblo, que nunca se equivoca, debe decidir y resolver. Respetemos su juicio superior.
Luis F. Peraza Lizarraga
Continuará la próxima semana…
