Editorial
Algunos pensarán que la Revolución Mexicana, con su millón de muertos en los campos de batalla por los derechos sociales, debía ser considerada como el culmen de la lucha del pueblo mexicano por lograr, en la justicia social, el marco adecuado para vivir y convivir en este dolorido y fracturado territorio que hemos podido defender de la voracidad de dos imperios, uno continental, el otro europeo.
Un pasado sangriento de luchas y explotación, de vejaciones, de abusos que creímos haber dejado atrás, continúa agazapado en otros espacios y situaciones en las que su segregación de la voluntad democrática indicó el hastío por tales conductas nefastas.
Con tropezones continuos, alzamientos lamentables y sangrientos, asesinatos y exilios, acciones gubernamentales de rescate nacionalista han estado presentes, sin cesar, en el dolorido territorio de nuestra patria.
El nuevo siglo veintiuno anunció variantes en las estructuras económicas, políticas, sociales, religiosas y de muchas índoles. Tales anuncios mostraron las ansias de cambios sustanciales para un país despeñándose en su economía. Anteriores cambios políticos electorales no funcionaron. Las visiones de cambio tuvieron cabida en dos elecciones federales, se anunciaron concluyendo en fracasos, y estos son momentos en que todos reconocen que jamás se concretaron.
Este año 2018, en elecciones celebradas el primer día del mes de julio, una compacta mayoría ciudadana de treinta millones de mexicanos exigió con su voto un fuerte cambio.
En los cinco meses posteriores a tal fecha, anunciaron los vientos de un cambio profundo cuando recorrieron esta dolida patria nuestra.
Sin embargo…
Ahora, las fracturas que ya se pensaban corregidas en el actual régimen gubernamental se abren de nuevo en un sector, en uno de los poderes, una pieza de las tres fundamentales para llevar a buen puerto a un país como el nuestro, hastiado de politiquerías, que lo que ansía son resultados, tal como lo indicó en las urnas electorales ordenadamente y en paz.
Cuando el Poder Judicial se autosegrega y opta por defender sus privilegios acumulados incumple, en nuestro criterio, con su misión esencial y se autoprotege en una cómoda balsa que navega sobre un mar de miseria y necesidades.
Quienes operan la justicia y deben salvaguardar los intereses comunes ameritan una introspección, una reflexión serena que valore su representación social, que no individual y aislada, y actúe con la madurez y calidad moral que esperan treinta millones de mexicanos que pacíficamente dejaron su voluntad el primero de julio de 2018, en las urnas electorales.
No es válido ser guardias de la moral pública con actitudes de aristocracia política y social.
La reflexión se impone.
La madurez política también.
