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Durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto
José Juan Cervera
Durante el breve lapso en que Felipe Carrillo Puerto gobernó Yucatán, de febrero de 1922 a diciembre de 1923, emprendió una serie de reformas políticas y sociales que favorecieron a los sectores populares. El mandatario yucateco revistió su gestión de un marcado interés por las expresiones de la cultura maya, el cual se manifestó de muchas formas. Percibió en la exaltación de los valores autóctonos un medio para infundir la conciencia de los derechos civiles e impulsar el desarrollo social a partir del afianzamiento de la identidad histórica.
Tales esfuerzos articularon varios campos de la experiencia colectiva, como la educación, el arte y la difusión impresa. Además, las circunstancias fueron propicias para incorporar nociones relacionadas con los avances que en ese tiempo registró la arqueología. El desarrollo profesional de esta disciplina, su extensión a nuestro país y las experiencias particulares que, al plantearse de manera sistemática, sirvieron de modelo para emprender nuevas acciones en diversos sitios, se sumaron al mismo escenario. Por varios motivos, Yucatán atrajo la atención de otras partes del mundo durante la década de los veinte. Uno de ellos fue el caudal de conocimientos que el pasado prehispánico brindó a propios y extraños.
La arqueología y las ciencias sociales
Los estudios arqueológicos en México pueden enmarcarse en los cauces que registraron las disciplinas antropológicas en general, influidas a su vez por los grandes acontecimientos sociales y políticos que movieron al mundo y a nuestro país en las décadas iniciales del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana, respectivamente (Rivermar Pérez 1987: 91-92). Esos procesos propiciaron cambios en las orientaciones teóricas y en la conformación de los marcos de referencia de las ciencias sociales, imprimiendo un impulso decisivo a nuevos enfoques que se propusieron registrar la realidad circundante (Velázquez Morlet 1988: 14). Precisamente por tratarse de un período que asumió las características de una transición evidente, el acomodo de grupos específicos en torno a intereses varios se combinó con los procedimientos postulados por los estudiosos de la cultura para dar cuenta de sus propensiones científicas y de los fenómenos hacia los cuales las enfocaban.
En ese contexto se manifestaron dos tendencias fundamentales en los estudios sociales. Una de ellas se desarrolló a partir del propósito de consolidar las instituciones emanadas del proceso revolucionario en el ámbito nacional, en tanto que la otra respondió más bien a la expansión de los intereses de los países capitalistas en su afán de apropiarse los recursos de los países periféricos, lo que dio como consecuencia el acopio de información alusiva a las formas de vida de los moradores de las regiones susceptibles de intervención económica (Velázquez Morlet 1988: 12). Estos fueron los sesgos que marcaron el sentido de muchos estudios representativos de esa época.
Una de las corrientes antropológicas que durante esos años caracterizaron el panorama académico mundial fue el culturalismo estadunidense, conocido también como particularismo histórico. Franz Boas, su iniciador, planteaba que no era posible tener una visión global del desarrollo de las sociedades si antes no se reunían suficientes datos específicos que le sirvieran de sustento, por lo que era preciso realizar un intenso trabajo de campo (Rivermar Pérez 1987: 96; Velázquez Morlet 1988: 16). A pesar de las polémicas en que se vio envuelto y de las críticas de que fue objeto al postular este método, Boas hizo importantes aportaciones que hasta la fecha son reconocidas por los especialistas de disciplinas afines.
La influencia de Boas se hizo patente en México especialmente a partir de la fundación de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, inaugurada el 20 de enero de 1911 (Noyola Rocha 1987: 139; Rivermar Pérez 1987: 96-97; Strug 1986: 162-163). Esta institución fue patrocinada en sus inicios por los gobiernos de Francia, Prusia, Estados Unidos y México. Tanto la composición de su planta académica como la del conjunto de sus alumnos provenía de distintos países (Strug 1986: 163). Tuvo como directores, sucesivamente, a Eduard Seler, Franz Boas, George Engerrand, Alfred Tozzer y Manuel Gamio, quien se encontraba al frente de ella al momento de ser clausurada en 1920 como consecuencia de la aguda inestabilidad que provocó la Primera Guerra Mundial (Noyola Rocha 1987: 139). Pese a su desaparición, tan ambicioso centro educativo había fecundado el terreno que dejaría frutos no previstos en ese entonces, que habrían de apreciarse no únicamente en el plano académico, sino también en la conformación de proyectos sociales y políticos que tomaron como referencia aspectos específicos provenientes de la obra de algunos de los investigadores que en él comenzaron a forjar su destacada trayectoria.
La influencia de Gamio
Manuel Gamio recibió apoyo de Boas para perfeccionar su formación profesional. Cuando Gamio era aún estudiante del Museo Nacional de México, dio a conocer los resultados parciales de una investigación arqueológica que realizó en Zacatecas; fue por ese medio que la antropóloga Zelia Nuttal tuvo conocimiento de la aptitud del estudiante mexicano, recomendándolo a Boas. Éste lo ayudó a obtener una beca en la Universidad de Columbia y siguió atento a su evolución intelectual. A su regreso a México pasó a estudiar a la Escuela Nacional de Arqueología y Etnología Americanas, de la que llegó a ser director unos años más tarde (Strug 1986: 171-172).
En el curso de su carrera profesional, Gamio reunió los méritos suficientes para convertirse en uno de los pilares de la antropología mexicana. Tuvo un destacado desempeño en la administración pública y efectuó importantes estudios. Sus obras de divulgación abarcaron la arqueología, la etnología, la historia y la estética, entre otros campos del conocimiento. Hizo del indigenismo –al que denominó indianismo– una de sus preocupaciones fundamentales (Fernández 1982: XIII), al grado de postular lo que Luis Villoro ha llamado “la recuperación social del indígena”, de acuerdo con una dinámica que permitiera conservar los elementos esenciales de las culturas aborígenes pero que al mismo tiempo favoreciera su asimilación de los valores occidentales para encaminar su desarrollo material y espiritual (Villoro 1984: 199).
Gamio se apoyó en los estudios de Franz Boas para revalorar las aptitudes intelectuales de las comunidades indígenas de nuestro país e impugnar los prejuicios existentes sobre la presunta inferioridad biológica de estos grupos. En una obra publicada en 1916, el antropólogo mexicano analiza la resistencia de las poblaciones nativas al cambio cultural, y la atribuye en parte al desconocimiento que los agentes externos tienen de su sistema de valores. Considera también que imperan concepciones erróneas sobre la historia de las civilizaciones prehispánicas, ya que la mayoría de los textos disponibles sobre el tema carecen de metodología científica y de perspectiva histórica, por lo que el conocimiento riguroso de esa etapa de nuestra historia todavía está en formación. (Gamio 1982: 23-26).
Manuel Gamio propuso aplicar un método de investigación integral e intensivo para el estudio de las sociedades con el auxilio de especialistas de distintas disciplinas. Tal procedimiento tendía a sugerir alternativas de mejoramiento material e intelectual en las comunidades estudiadas. (Gamio, 1986: 27-34; 1987: 157-158). Estas nociones, en un país como México que por ese entonces se hallaba en el proceso de definir su rumbo tras pocos años de un conflicto armado que concedió relevancia a las demandas sociales, captaron la atención de actores políticos que tomaron como bandera la defensa de las clases menos favorecidas.
El destacado arqueólogo declaró, en 1935, que los dos únicos estudios realizados hasta entonces en México de acuerdo con esas exigencias fueron, por una parte, el que inició el Instituto Carnegie en Yucatán en 1924, y por otra el que él mismo coordinó en el Valle de Teotihuacán, cuyos resultados se publicaron en 1922 y le sirvieron para graduarse un año antes en la Universidad de Columbia. (Matos Moctezuma 1986: 12).
Fue precisamente el estudio sobre la población del Valle de Teotihuacán el que le sirvió de base a Edmundo Bolio Ontiveros, director del Diario Oficial de Yucatán, para elaborar un proyecto sobre la Exposición Regional de dicho estado, el cual formuló de acuerdo con los lineamientos metodológicos propuestos por Gamio, a quien le presentó el documento de referencia (DO 1923: 1). Este suceso tuvo lugar durante los días en que Felipe Carrillo Puerto gobernó la entidad, imprimiéndole a su gestión un estilo característico que se nutrió de múltiples vertientes. En este caso, la acción de sus colaboradores asimiló tendencias que circulaban en el ambiente académico suscritas por el creciente prestigio de uno de los forjadores de la tradición antropológica en tierras mexicanas.
El Instituto Carnegie
En noviembre de 1922 se difundió una noticia que destacaba la solicitud que un par de arqueólogos estadunidenses hizo al gobierno de México para permitir a las asociaciones científicas representadas por ellos hacer excavaciones en el país. La comunicación se acompañaba del ofrecimiento de aportar recursos económicos para emprender los trabajos de conservación de los vestigios dispersos en la república, ya que los investigadores extranjeros estaban conscientes de la situación crítica de nuestro país, que impedía destinar dinero suficiente para efectuar esa clase de trabajos. (EP 1922b: 1, 4).
Dichos arqueólogos, entre los que figuró Sylvanus G. Morley, habían asistido como delegados al XX Congreso Internacional de Americanistas que se efectuó en Brasil en 1922. En respuesta a su petición, se les hizo saber que la Secretaría de Agricultura y Fomento la tenía en estudio. Como se sabe, algún tiempo después recibió una respuesta favorable, al grado que en 1924 pudieron iniciarse las exploraciones respectivas.
Morley elaboró el proyecto de investigación dedicado a Chichén Itzá en 1912 y dos años después fue aceptado por el Instituto Carnegie. En su versión inicial se propuso estudiar diversos aspectos históricos y sociales, como los orígenes del grupo étnico avecindado en el área, sus interrelaciones con distintas sociedades, su evolución cultural y la presencia de pobladores provenientes de otras regiones. Al aprobarse lo que parecía su versión definitiva, ésta tuvo que modificarse haciendo énfasis en la investigación arqueológica y en las particularidades culturales del grupo a estudiar (Hammond 1992: 46-48). Puede afirmarse, entonces, que el enfoque evolucionista inicial fue sustituido por una concepción más cercana al particularismo histórico (Velázquez Morlet 1988: 16).
En el curso de esos años, el proyecto para realizar exploraciones en Chichén Itzá experimentó muchas vicisitudes. Se registra el testimonio de Edwin Shook, uno de los colaboradores de Morley, quien dio a conocer las resistencias que enfrentó el arqueólogo extranjero para lograr su aprobación. Ante la casi inminente negativa, como consecuencia de una preferencia institucional hacia el estudio de otras culturas, Morley logró orientar el interés de John Merriam, profesional de las ciencias exactas que fungía como presidente del Instituto Carnegie, hacia el conjunto de conocimientos matemáticos de la antigua civilización maya, lo que se tradujo en un apoyo decisivo a sus propósitos de investigación (Menéndez Rodríguez 1999: 8-9).
Al darse a conocer los planes de exploración en México, hubo reacciones, como las de Leopoldo Batres, que representaron una oposición absoluta a cualquier intento de injerencia foránea en términos de investigación arqueológica. Batres, quien durante mucho tiempo se desempeñó como funcionario del Museo Nacional ocupando diversos cargos (EM 1988), envió una extensa carta a la Cámara de Diputados en la que expresó su inconformidad ante los preparativos de la expedición científica anunciada (EP 1923b: 1).
Batres evocó el saqueo perpetrado por ciudadanos extranjeros en suelo nacional, y citó los ejemplos de Augustus Le Plongeon y Alfred Maudslay. Acerca del primero indicó que podían apreciarse en Chichén Itzá y Uxmal las huellas de su acción destructora, en la que con tal de poder llevarse las piezas de su interés utilizó incluso explosivos. A propósito de Maudslay, refirió el conjunto de objetos que sustrajo clandestinamente por Belice. Mencionó a Edward Thompson, ex cónsul de Estados Unidos que llevó a su país una gran cantidad de piezas extraídas de Chichen Itzá “hasta que mi acción lo impidió”, según palabras de Batres.
Finalmente, Batres solicitó a los legisladores que agregasen a la Ley de Monumentos Arqueológicos un artículo que estableciera como facultad exclusiva del Poder Ejecutivo federal la realización de exploraciones arqueológicas, sin que ésta pudiese ser delegada a individuos o corporaciones nacionales ni extranjeras.
Los editores del periódico El Popular, partidarios del régimen de Felipe Carrillo Puerto, comentaron la carta de Batres y coincidieron con él en la necesidad de evitar el saqueo y la destrucción de vestigios arqueológicos. Sin embargo, defendieron la realización de expediciones científicas extranjeras siempre que éstas se ocuparan exclusivamente del conocimiento del pasado sin afectar el patrimonio nacional. Expresaron que además de permitirse, debían alentarse por favorecer vínculos de cordialidad entre los pueblos (EP 1923b: 1). Desde la perspectiva del gobierno yucateco, los estudios dedicados al pasado prehispánico, tanto por reflejar una iniciativa de la que participaban las autoridades federales como por contribuir a afianzar los alcances culturales del programa delineado por el socialismo vernáculo, mostraban una pertinencia que los medios impresos leales al Ejecutivo local exaltaron desde sus páginas.
Durante el primer semestre de 1923 se intensificaron las visitas de los responsables directos de los trabajos de investigación arqueológica propuestos. Acudieron a la Ciudad de México para efectuar gestiones ante las autoridades y viajaron también a Yucatán para conocer el terreno donde aplicarían sus acciones. De este modo llegaron a México, entre otras figuras prominentes, John F. Barry, William Barclay Parson, John Merriam y, por supuesto, Sylvanus Grisworld Morley (EP 1923c: 1; 1923d: 1).
En julio de 1923 se dio a conocer la suscripción del convenio entre el Instituto Carnegie y la Secretaría de Agricultura y Fomento para la exploración de Chichén Itzá (LRY 1923a: 1). En el curso de ese mes, Morley visitó de nuevo Yucatán, esta vez en compañía de Manuel Gamio, director de la sección de Antropología de la Secretaría mencionada (LRY 1923b: 1).
Durante su estancia en la entidad, Gamio ofreció apoyo institucional a la Asociación Conservadora de los Monumentos Arqueológicos de Yucatán, y anunció los trabajos que el gobierno federal emprendería en otros sitios arqueológicos del estado, al mismo tiempo en que el Instituto Carnegie se ocupara de Chichén Itzá (LRY 1923c: 5).
El convenio para la realización de los trabajos del Instituto Carnegie en Chichén Itzá se firmó el 3 de julio de 1923. En dicho documento, el organismo extranjero, designado como “el permisionario” para efectos legales, obtenía autorización para realizar excavaciones y labores de restauración en la zona arqueológica referida que, para una descripción más precisa de las acciones a emprender, fue dividida en seis grupos arquitectónicos. De acuerdo con el permiso concedido, extensivo a un plazo de diez años, los trabajos habrían de iniciarse el primer día de 1924 (AGEY 1923b).
Las exploraciones se realizarían bajo la vigilancia de inspectores designados por la Secretaría de Agricultura y Fomento, cuya intervención habría de limitarse a supervisar el cumplimiento de los acuerdos registrados en el documento. El Instituto se comprometía además a presentar ante dicha Secretaría un plan general de trabajo treinta días antes del inicio de cada temporada de campo.
En relación con el destino de los objetos que se encontraran durante el desarrollo de los trabajos, el contrato hacía énfasis en la calidad de ellos como propiedad de la nación mexicana, aunque en caso de encontrarse varios ejemplares de una misma pieza, éstos se distribuirían de tal modo que dos tendrían que entregarse a los museos de Yucatán y otro a la Dirección de Antropología para incorporarlo a la Exposición Regional de Yucatán montada en la capital del país. El artículo correspondiente indicaba también que los ejemplares restantes se podrían entregar a instituciones científicas nacionales, e incluso extranjeras, si así lo recomendaba el Instituto y si lo juzgaba conveniente la Secretaría de Agricultura y Fomento.
El convenio previó también el carácter multidisciplinario de las exploraciones cuando señalaba que el Instituto Carnegie efectuaría en Yucatán investigaciones complementarias orientadas a campos como arquitectura, ingeniería, estratigrafía, arte, historia, antropología cultural, antropología física y lingüística, entre otros. Los resultados de estos estudios estarían a disposición de las autoridades mexicanas y el Instituto se comprometía a entregar a la Secretaría de Agricultura veinticinco ejemplares de cada una de las publicaciones que se editasen sobre esos temas.
Otro aspecto relevante del documento suscrito es que dejaba abierta la posibilidad de que los investigadores del Instituto Carnegie pudiesen estudiar otras zonas arqueológicas situadas en los estados de Yucatán y Campeche y en el entonces territorio de Quintana Roo, en caso de que sus trabajos en dichos lugares pudiesen aportar más información al relacionarlos con las exploraciones de Chichén Itzá (AGEY 1923b).
Durante los preparativos para iniciar las exploraciones, el Instituto Carnegie rentó a Edward H. Thompson, ex cónsul de Estados Unidos en Yucatán, la hacienda Chichén Itzá. Aunque el terreno rentado incluía la casa principal de la hacienda, Morley prefirió instalarse en uno de los edificios del sitio arqueológico. La prensa local informó sobre la construcción de habitaciones para los investigadores y para los obreros que los auxiliarían. Los mismos periódicos especulaban sobre todas las edificaciones que se establecerían en esa área, incluyendo una plaza, fuentes y jardines. Morley contrató a un representante suyo en Dzitás, quien se hizo cargo de pagar semanalmente a los trabajadores para efectuar la limpieza de las antiguas estructuras arquitectónicas (LRY 1923d: 7).
Los focos de atención en los estudios del Instituto Carnegie en Chichén Itzá se centraron fundamentalmente en las inscripciones jeroglíficas, así como en la preparación de un mapa topográfico y en la descripción del diseño arquitectónico. Sin embargo, también era relevante la información que obtendrían especialistas de las diversas disciplinas que intervinieron en el desarrollo del proyecto (Benavides 1992: 37). Constituyó un modelo para otros proyectos de alcances ambiciosos, como los que el mismo Instituto Carnegie ejecutó posteriormente en Uaxactún y Copán, o los que años después tuvieron lugar en Dzibilchaltún y Palenque, por mencionar algunos (Hammond 1992: 47).
La gran cantidad de publicaciones que editó dicha fundación extranjera dan testimonio de la variedad de aspectos arqueológicos, históricos y sociales abordados en las exploraciones, si bien en tales obras predominan los estudios descriptivos sobre los interpretativos (Benavides 1992: 38).
En 1928, Morley abandonó la dirección del proyecto, cuya responsabilidad recayó a partir de ese momento en Karl Ruppert, arqueólogo competente y administrador eficaz, quien aún coordinó algunos trabajos en Chichén Itzá durante la década de 1950 (Hammond 1992: 48).
Exploraciones nacionales
Manuel Gamio, director de la sección de Antropología de la Secretaría de Agricultura y Fomento, dio a conocer en 1923 el propósito del gobierno federal de realizar trabajos de exploración y restauración arqueológicas al mismo tiempo que el Instituto Carnegie de Washington interviniera en Chichén Itzá. Los trabajos se llevarían a efecto, según estas declaraciones, en otros sitios arqueológicos de Yucatán, probablemente en Uxmal (LRY 1923c: 5).
Hasta entonces se disponía de reportes de inspección elaborados por funcionarios del Museo Nacional y de la Dirección de Antropología y Poblaciones Regionales de la República, enviados a Chichén Itzá y a los sitios localizados en la región Puuc. Tal fue el caso de los informes de Juan Martínez Hernández, suscritos en los años 1913 y 1914, y de Eduardo Martínez Cantón, de 1918, 1919, 1920 y 1923. Estos ejemplos prefiguraron lo que se designa como “el período institucional” de la arqueología mexicana, reflejo a su vez del proceso de consolidación de las instituciones políticas y administrativas en nuestro país (Velázquez Morlet 1988: 15).
Entre 1911 y 1915, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología orientó las actividades de sus diversos departamentos a las labores de conservación, difusión y docencia (Rivermar Pérez 1987: 97). Estas atribuciones fueron reduciéndose en la medida en que se creaban nuevas dependencias gubernamentales con propósitos análogos. Antropólogos de renombre, como Manuel Gamio y Miguel Othón de Mendizábal, iniciaron su formación profesional en el Museo (Rivermar Pérez 1987: 103). A partir de 1919 esta institución se denominó Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía (Loyola Rocha 1987: 138).
En aquellos años funcionó también la Inspección de Monumentos Arqueológicos que alrededor de 1910 dependía de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes (Rivermar Pérez 1987: 99). Como consecuencia de la afinidad de sus intereses profesionales, surgieron fricciones entre el Museo y la Inspección. Jesús Galindo y Villa, encargado del departamento de Historia y Arqueología del Museo, llegó a proponer que éste dirigiese las actividades de ambas instituciones, hecho que se consumó en 1913 cuando la Inspección pasó a depender de aquél. A partir de entonces Manuel Gamio tuvo a su cargo la Inspección General de la dependencia (Rivermar Pérez 1987: 115).
La Inspección de Monumentos Arqueológicos se transformó en 1917 en la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos como resultado de las gestiones de Gamio, y esta dependencia se convirtió a su vez, en 1920, en la Dirección de Antropología (Loyola Rocha 1987: 139). En el curso de esta evolución, las instituciones fueron perfeccionando sus objetivos y sus métodos de trabajo.
El ejemplo más representativo de las nuevas orientaciones de estas dependencias institucionales lo constituye el ya mencionado estudio sobre la población del Valle de Teotihuacán. En este sentido destaca igualmente el proyecto anunciado en 1923 para investigar la interrelación de los mayas con los toltecas, problema que atrajo el interés de científicos extranjeros, quienes ofrecieron su apoyo al gobierno mexicano para colaborar en el desarrollo de los trabajos propuestos (LRY 1923e: 2).
Fue hasta 1926 cuando los arqueólogos mexicanos comenzaron a intervenir en la restauración de algunos edificios en Chichén Itzá, al mismo tiempo que el personal del Instituto Carnegie atendía otras estructuras en el mismo conjunto arquitectónico (Maldonado Cárdenas 1998: 1). En la década siguiente, la Expedición Científica Mexicana, conformada por especialistas de distintas dependencias federales, efectuó trabajos de investigación en zonas arqueológicas de Yucatán y Quintana Roo (Benavides 1992: 39).
Iniciativas locales de exploración y divulgación arqueológicas
A fines de febrero de 1923, el gobernador Felipe Carrillo Puerto remitió una circular a todos los presidentes municipales de la entidad solicitándoles informes sobre la probable existencia de vestigios arqueológicos en las localidades bajo su jurisdicción. Tal como lo haría algunos meses después a propósito de las piezas prehispánicas y coloniales que pudiesen encontrarse en los diversos municipios, Carrillo Puerto pidió enviar los reportes a Luis Rosado Vega, director del Museo Arqueológico. El gobernador hizo ver a las autoridades municipales la urgencia de que expresaran entusiasmo “por estos nuestros monumentos que simbolizan la grandeza de nuestra raza”. Pidió que describieran el estado en que se conservaban para hacerlos limpiar y enviar posteriormente a una comisión de arqueólogos que se harían cargo de estudiarlos (AGEY 1923a)
Varios presidentes municipales dieron respuesta favorable a la circular del mandatario. El de Cuncunul reportó la existencia de un subterráneo en el pueblo de Kaua, en tanto que el de Dzilam González se refirió a dos cerros situados en su municipio. El alcalde de Kinchil informó acerca de otros tres cerros con piedras labradas, ubicados en el terreno de un particular; otros más fueron reportados por el presidente municipal de Uayma, en tanto que el de Temozón aludió a las ruinas de Ekbalam, localizadas en el rancho de Francisco Cantón Rosado (AGEY 1923a), sobrino del militar conservador del mismo nombre. La prensa yucateca dio cuenta de una visita emprendida por funcionarios y dirigentes de ese municipio a dichos vestigios (EP 1923f: 2). Algunos meses después, el mismo Cantón se dirigió al gobernador y al presidente de la Asociación Conservadora de los Monumentos Arqueológicos de Yucatán con el propósito de promover estudios arqueológicos en el sitio comprendido en sus propiedades (LRY 1923f: 3).
Durante esos meses, los periódicos siguieron reportando la existencia de vestigios arqueológicos en el estado, como los de Sabacché y Nohcacab, (EP 1923e: 2) y los de Kulubá que habían sido explorados por el arqueólogo estadounidense William Gates (EP 1923g: 2).
Otro hecho que puso de relieve el interés de Carrillo Puerto en el rescate y la conservación de vestigios prehispánicos fue la limpieza que por órdenes suyas se hizo de los vestigios arqueológicos de Mayapán en febrero de 1923 (EP 1923a: 3).
Sin embargo, no debe perderse de vista que, para ese entonces, el ejercicio profesional de la arqueología a cargo de ciudadanos yucatecos era prácticamente inexistente, por lo que hubo de ser necesaria la concurrencia de investigadores foráneos –del centro del país o extranjeros– formados en ese campo. Lo que se advirtió claramente fue un entusiasmo generalizado por conocer y exaltar el pasado maya, suscrito tanto por las principales autoridades del estado como por varias personas que incluso colaboraron con ellas al enarbolar paralelamente los mismos propósitos.
Tal fue el caso de la Asociación Conservadora de los Monumentos Arqueológicos de Yucatán, organismo fundado en junio de 1922, entre cuyos socios figuraron hacendados, comerciantes, funcionarios públicos, periodistas y escritores. Contó inicialmente con ochenta y seis miembros, mexicanos y extranjeros. Su objetivo fundamental lo enunció en los siguientes términos:
… procurar por todos los medios posibles la conservación de las obras de arquitectura, escultura, grabado y demás manifestaciones de la antigua civilización maya, principalmente en lo que se refiere a las grandiosas Ruinas de Yucatán (Estatutos… 1922: 3).
En sus orígenes, esta entidad colectiva mostró intereses mucho más limitados, ya que tuvo como antecedente inmediato a la Compañía Impulsora del Turismo creada por Francisco Gómez Rul y Manuel Amábilis Domínguez en 1921. Ambos pioneros recibieron el consejo del hacendado Felipe G. Cantón para modificar sus propósitos, pues éste a su vez había escuchado sugerencias de parte de ciudadanos estadunidenses para ampliar los alcances de la agrupación recién constituida, de tal modo que pudiesen recibir apoyo pecuniario de las numerosas asociaciones científicas existentes en el extranjero y, por añadidura, promover los atractivos turísticos de Yucatán, sin que éste fuese el fin primordial del nuevo organismo (EP 1922: 1).
Otro de los propósitos de la Asociación Conservadora de los Monumentos Arqueológicos de Yucatán fue el de “gestionar el mejoramiento y conservación de las vías entre las principales ruinas, la ciudad de Mérida y el puerto de Progreso” (Estatutos… 1922: 3). En este tenor, el Ejecutivo del estado había emprendido la construcción de caminos, mediante obras destinadas a propiciar el acceso a zonas arqueológicas específicas, aunque en otros casos facilitaban también el desplazamiento hacia comunidades apartadas y la distribución de los productos de cada comarca. En lo que toca al propósito expuesto en primer término, la carretera de Dzitás a Chichén Itzá fue el ejemplo más patente, ya que favoreció las actividades de exploración y restauración que a partir de 1924 habría de realizar el Instituto Carnegie en esa zona.
Desde que se creó la Asociación Conservadora, sus integrantes se propusieron fundar un museo arqueológico con apoyo del gobierno y de los particulares. El mandatario estatal, designado presidente honorario de dicho organismo, ofreció facilitar un edificio con ese fin y brindar un subsidio que permitiese sufragar los gastos del nuevo recinto (EP 1922: 1).
Pasado un tiempo, a principios de 1923, el gobernador Carrillo Puerto dio a conocer el acuerdo de creación del Museo Arqueológico de Yucatán, que tuvo como director a Luis Rosado Vega, escritor y a la vez uno de los socios fundadores de la asociación referida (Estatutos… 1922: 8 y 3ª de forros). En esos días existía ya el llamado Museo Yucateco bajo la dirección del también escritor Ricardo Mimenza Castillo, aunque los objetos que se hallaban a su cuidado no se circunscribían a los vestigios materiales del pasado prehispánico. De cualquier modo, Carrillo Puerto respaldó también a esta institución, ya que, entre otras acciones, hizo un llamado para enriquecer sus colecciones con nuevas piezas (DO 1922: 1).
El museo recién creado respondió al impulso que la Secretaría de Agricultura y Fomento, por medio de su Dirección de Antropología, imprimió a los estudios arqueológicos, y para impedir que desapareciesen los vestigios de la antigua cultura maya, de acuerdo con lo que declaró Edmundo Bolio Ontiveros, director del Diario Oficial del Estado. Este personaje se ostentó como amigo personal de Manuel Gamio, de quien dijo haberle presentado un proyecto, inspirado en su investigación sobre el Valle de Teotihuacán, alusivo a una visión panorámica del desarrollo histórico y social de Yucatán (DO 1923: 1-2).
Tal iniciativa permitiría concretar el ofrecimiento, formulado por la Secretaría de Agricultura y Fomento, de reservar a Yucatán la siguiente exhibición regional a su cargo, tras la que inició con las muestras más representativas del estudio emprendido en el Valle de Teotihuacán. Así dio inicio la denominada Exposición Regional de Yucatán, que se desplegaría simultáneamente en un espacio que la referida secretaría destinaba en la capital mexicana, y en Yucatán mediante un esfuerzo conjunto del que formaba parte medular el Museo Arqueológico de Yucatán, aunque también consideraba la difusión de contenidos afines por medios impresos, conferencias y exhibiciones cinematográficas.
Bolio Ontiveros propuso describir los diferentes aspectos de la vida cotidiana en suelo yucateco en el curso de su historia, desde la época prehispánica hasta los días más recientes; para ello sería necesario dividir el estado en tres regiones, cada una de ellas presentada con sus respectivos productos e industrias. Con esta exposición, el director del Diario Oficial esperaba encontrar los medios para propiciar el desarrollo físico, económico e intelectual de los yucatecos (DO 1923: 1-2).
Si bien las nuevas circunstancias políticas que originó el asesinato de Carrillo Puerto restaron ímpetu y solidez a esta iniciativa en el ámbito regional, es probable que en la capital del país haya seguido viva e incluso diera algunos frutos con el cobijo de las autoridades federales. Sin embargo, la interrupción del mandato constitucional en Yucatán afectó el programa de reformas sociales alentado por el gobernante socialista, cuya mira instalada en la reafirmación de los valores autóctonos redujo su campo de posibilidades. El desarrollo de los acontecimientos impidió llevar a efecto las aspiraciones que acompañaron el proyecto gubernamental que hasta la fecha es objeto de polémicas y especulaciones diversas.
Consideraciones finales
El impulso del conocimiento y la recreación del pasado prehispánico no derivan de un proceso de inspiración exclusivamente local, sino que fueron consecuencia también de las iniciativas federales surgidas en ese ámbito, particularmente en el de la exploración arqueológica atendida por la secretaría del ramo, tal como lo reconoció el acuerdo que dio origen al museo dirigido por Luis Rosado Vega. Este hecho sugiere la presencia de asesores bien informados que ponían a Carrillo Puerto al corriente de los avances que las ciencias sociales reportaban en México al influjo de diversos factores, entre los que se contaba la ejecución de planes académicos tan ambiciosos como los que la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas encarnó significativamente.
Como podía esperarse, la citada dependencia federal tuvo acercamientos con la Asociación Conservadora de los Monumentos Arqueológicos de Yucatán, de la que fueron integrantes funcionarios del gobierno local y representantes de la sociedad civil, en un canal comunicativo que descartaba expresiones de un discurso que ignorase la realidad nacional en aras de un alarde excesivo de narcisismo que a su vez fundara en los procesos regionales el marco de referencia unilateral de sus acciones.
Con tales antecedentes, resulta imperioso aproximarse al estudio del Yucatán posterior al triunfo de la Revolución de 1910 con enfoques que promuevan una clara conciencia del papel que en ese proceso desempeñaron múltiples factores, algunos de ellos situados más allá de la dinámica interna de la región peninsular.
Referencias y bibliografía citada
Archivo General del Estado de Yucatán (AGEY)
1923a Circular núm. 10, de 28 de febrero, y comunicaciones alusivas. Fondo Poder Ejecutivo, Sección Gobernación, Serie Correspondencia, Caja núm. 767 (1).
1923b “Contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y el Instituto Carnegie de Washington, para la explotación [sic] y restauración de los monumentos arqueológicos de Chichén Itzá, Yucatán”. Fondo Poder Ejecutivo, Sección Gobernación, Serie Correspondencia, Caja núm. 775.
Publicaciones periódicas
Diario Oficial del Gobierno Socialista del Estado Libre y Soberano de Yucatán (DO)
- “Nueva excitativa a las Autoridades Municipales para el envío de objetos al Museo”, núm. 7703, diciembre 6: 1.
- Edmundo Bolio, “Nuestro Museo Arqueológico”, núm. 7764, febrero 16: 1-2.
El Popular (EP)
1922a “La Asociación Conservadora de Monumentos Arqueológicos de Yucatán sigue trabajando”, año I, núm. 309, junio 20: 1.
1922b “Ayuda a México para la conservación de sus ruinas históricas”, año I, núm. 333, noviembre 11: 1,4.
1923a “Se ha ordenado la limpieza de las ruinas ‘Mayapán’”, año II, núm. 405, febrero 3: 3.
1923b “Solicitud para que se prohiban expediciones científicas a las históricas ruinas yucatecas”, año II, núm. 406, febrero 5: 1.
1923c “Está ya en camino la expedición científica que viene a visitar las ruinas mayas”, año II, núm. 411, febrero 10: 1.
1923d “Ayer abandonaron playas yucatecas la culta periodista M. S. Alma Reed y los distinguidos arqueólogos”, año II, núm. 425, febrero 27: 1.
1923e “Ecos de la Península. De Oxkutzcab”, año II, núm. 436, marzo 13: 2.
1923f “Ecos de la Península. De Temozón”, año II, núm. 439, marzo 16: 2.
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La Revista de Yucatán (LRY)
1923a “Las excavaciones arqueológicas en las ruinas de Chichén Itzá”, año VIII, núm. 2681, julio 6: 1
1923b “El regreso de nuestro director”, año VIII, núm. 2690, julio 15: 1
1923c “Se dice…”, año VIII, núm. 2697, julio 22: 5.
1923d “Correo de la Península. De Dzitás”, año VIII, núm. 2736, agosto 30: 7.
1923e “Estudios para dilucidar si la civilización tolteca precedió a la maya”, año VIII, núm. 2752, septiembre 15: 2.
1923f “Se dice…”, año VIII, núm. 2781, octubre 14: 3.
Libros y artículos
Barrera Rubio, Alfredo (Coord.)
1992 Coloquio en torno a la obra de un mayista. Sylvanus G. Morley, 1883-1948, México: INAH-UADY.
Benavides C., Antonio
1992 “Arqueología de ayer y hoy en Yucatán”, en Barrera Rubio 1992: 37-41.
Enciclopedia de México
- II, México, Enciclopedia de México-SEP
Estatutos de la Asociación Conservadora de los Monumentos Arqueológicos de Yucatán.
1922
Fernández, Justino
- “Prólogo”, en Gamio 1982: IX-XVI.
Gamio, Manuel
1982 Forjando Patria, México: Editorial Porrúa, Colección “Sepan Cuántos…” núm. 363.
Gamio, Manuel
1986 Arqueología e indigenismo, México: INI.
Gamio, Manuel
1987 Hacia un México nuevo. Problemas sociales, México: INI.
García Mora, Carlos (Coord.)
1987 La antropología en México. Panorama histórico 2. Los hechos y los dichos (1880-1986), México: INAH.
Hammond, Norman
1992 “El pequeño colibrí madrugador: Morley y la arqueología”, en Barrera Rubio 1992: 43-50.
Maldonado Cárdenas, Rubén
1998 “Intervenciones de 1926 a 1980. Restauración arqueológica mexicana en Chichén Itzá”, Unicornio, núm. 367, mayo 17: 3-11.
Matos Moctezuma, Eduardo
- “Introducción”, en Gamio 1986: 7-20.
Menéndez Rodríguez, Hernán R.
1999 “Fragmentación, divulgación y sanción del conocimiento. El Ejercicio del poder en la Academia”, Unicornio, núm. 448: 3-9.
Noyola Rocha, Jaime
- “La visión integral de la sociedad nacional (1920-1934)”, en García Mora 1987: 133-220.
Rivermar Pérez, Leticia
- “En el marasmo de una rebelión cataclísmica (1911-1920)”, en García Mora 1987: 89-131.
Strug, David
1986 “Manuel Gamio, la Escuela Internacional y el origen de las excavaciones estratigráficas en las Américas”, en Gamio 1986: 161-182.
Velázquez Morlet, Adriana
- Zonas arqueológicas de Yucatán, México: INAH.
Villoro, Luis
1984 Los grandes momentos del indigenismo en México, México: Ediciones de la Casa Chata.
