Editorial
Ha de ser duro y angustioso para los padres y madres de familia en muchas partes del mundo tomar la decisión de abandonarlo todo –espacios vitales, bienes obtenidos, relaciones familiares, empleos y demás–, empacar lo más imprescindible, y marchar a pie por caminos desconocidos hacia un nuevo espacio digno para vivir, convivir y establecerse.
No se trata de un fenómeno local; es mundial, multicontinental. ¿Qué origina estos grandes movimientos humanos que serpentean en carreteras y caminos, o bien en improvisadas y peligrosas balsas flotantes, altamente riesgosas para los grupos humanos que las saturan?
Esas arriesgadas personas exhiben ante el mundo el fracaso de varios sistemas de gobierno y gobernantes, esquemas de producción que lo son más de exacción, leyes elásticas y acomodaticias, violencia imperante, etc.
Todo ello se les ha hecho intolerable, pero el hecho de convertir las angustias de los viajantes peregrinos en motivo de comercio, poniendo en riesgo la propia vida de estos seres humanos, es execrable.
En estas semanas, en carreteras de México, fuerzas policiacas han detenido enormes tráileres habilitados como espacios de carga viva, llámense niños, familias enteras, ancianos, a quienes se les retaca de pie, en espacios cerrados, sin servicios sanitarios ni alimentos, por largas travesías. En veces, hasta más de ciento cincuenta personas viajan de pie largos tramos. La caja de un tráiler, diseñada para el manejo y transporte de carga, se convierte en un transporte público, costoso, peligroso y mortal.
Estos grupos de personas, apretujadas, muchas enfermas y las más con niños, sus hijos, como acompañamiento, padecen y se juegan la vida en su sueño de llegar al país de la abundancia, sin dar sitio en su mente a la discriminación que allá les espera. Eso, sí es que llegaran con bien y les fuera concedido el acceso, porque las restrictivas y muy selectivas aduanas de los Estados Unidos están cerradas y/o bloqueadas para ellos.
Además, con las averiguaciones que van efectuando las autoridades mexicanas, se ha documentado que por lo menos cinco de estos campos de concentración ambulantes son propiedad de una misma persona, o sea, que al concesionario le ha sido mucho más redituable el traslado de indocumentados que el transporte de bienes o paquetería embalada con cuidado por los remitentes.
Muchos dólares fluyen a las alforjas de los propietarios y concesionarios de estos camiones de la muerte, lo que no hablan no de la creatividad empresarial, sino de un ansia de empoderamiento y acumulación de riquezas de unos cuantos mentecatos, evasores de las leyes y ejemplos de la peor ralea delictiva. Ciertamente definirlos como traficantes sin conciencia es una definición parcial.
Aún nos faltaría cuestionarnos con nuestros lectores:
- ¿Serán estos casos únicos a nivel nacional?
- En el supuesto y casi seguro caso de fallecimientos ocurridos, ¿qué se ha hecho con los cadáveres?
- ¿Es escasa o nula la vigilancia en las carreteras por donde transitan estos enormes vehículos?
- ¿No podrían instalarse en los puestos carreteros detectores infrarrojos o de calor, rayos x, o algún sistema que cumpla la función de anular esta peligrosa práctica?
- ¿Qué castigo tendrán los delincuentes concesionarios de estas cajas mortuorias ambulantes?
Es triste que los mismos traficados paguen por ser tratados de esa forma y no están del todo sin recursos porque, de dónde los obtienen para pagar por ese trato? Y lo peor es que arrastran a sus hijos a su misma triste suerte.